Literatura científica crítica con el neoabolicionismo, el modelo nórdico y el enfoque "end demand": Una revisión desde la perspectiva ProDerechos
Introducción
En las últimas dos décadas, se ha consolidado un intenso debate feminista y académico en torno a la regulación del trabajo sexual. Por un lado, el neoabolicionismo (también conocido como "modelo nórdico" o "enfoque end demand") sostiene que la prostitución es inherentemente una forma de violencia contra las mujeres y propone criminalizar la compra de servicios sexuales mientras se "despenaliza" a la persona que vende sexo, a quien se considera víctima. Sin embargo, existe un corpus creciente y sólido de investigación académica que, desde una perspectiva de derechos humanos y basada en evidencia empírica, cuestiona seria y sistemáticamente este modelo. A continuación, presento una revisión exhaustiva de dicha literatura.
1. Cuestionamiento teórico-filosófico del neoabolicionismo
Desde la filosofía política y la teoría feminista, diversos trabajos han desmontado los fundamentos esencialistas del neoabolicionismo. La literatura crítica señala que este enfoque reduce la complejidad del trabajo sexual a una narrativa binaria de "víctimas y victimarios" que ignora la agencia de las personas trabajadoras sexuales [1].
Scoular y Carline (2014) ofrecen un análisis detallado de lo que denominan "neoabolicionismo sigiloso" (creeping neo-abolitionism) en Inglaterra y Gales, argumentando que cuando las complejidades del intercambio sexual comercial se reducen a un binario de víctimas/victimarios para ser "salvadas" o "corregidas" por intervenciones de justicia penal, se producen graves consecuencias negativas [2]. Las autoras abogan por un uso más productivo del derecho penal que complemente, en lugar de eclipsar, las preocupaciones más amplias de justicia social.
Tyler (2020) analiza los debates sobre prostitución/trabajo sexual a través del lente del "trabajo inaceptable" (unacceptable work), mostrando cómo tanto posiciones abolicionistas como algunas posturas pro-derechos pueden converger en enfoques que terminan siendo contraproducentes. La autora argumenta críticamente que "todos los caminos conducen a la abolición", evidenciando las tensiones internas en los debates feministas [3].
2. El "modelo nórdico" no existe como modelo unificado
Una de las contribuciones más importantes de la literatura crítica es demostrar que no existe realmente un "modelo nórdico" coherente y unificado. Kingston y Thomas (2018) exponen las fisuras en el así llamado modelo nórdico, desacreditando la naturaleza "persuasiva" de un enfoque nórdico unificado hacia la prostitución. Analizan cómo ocurre una transferencia ingenua, inapropiada e incompleta de este modelo entre países, que se convierte en un "irritante político" que exacerba los problemas que pretende resolver [4].
Por su parte, Skilbrei y Holmström (2011) preguntan directamente si existe un "régimen nórdico de prostitución", y concluyen que, aunque varios países han implementado regímenes similares, esto no significa que los países nórdicos tengan un enfoque consistente. Las políticas nacionales han surgido de contextos ideológicos y empíricos diferentes y se han combinado de diversas maneras con diferentes modelos de trabajo social y aplicación de la ley [5].
Hardy (2015), en su reseña crítica del libro Prostitution Policy in the Nordic Region, refuerza esta idea señalando que la diversidad de enfoques dentro de la propia región nórdica contradice la noción de un modelo homogéneo y ejemplar [6].
3. Evidencia empírica de los daños del modelo nórdico y las leyes "end demand"
3.1. Impactos en la salud y seguridad de las trabajadoras sexuales
Quizás la evidencia más contundente contra el modelo nórdico proviene de estudios empíricos que documentan los efectos perjudiciales de las leyes de criminalización de la demanda sobre la salud, seguridad y bienestar de las trabajadoras sexuales.
Levy y Jakobsson (2014) realizaron una investigación fundamental sobre la ley sueca de compra de sexo (sexköpslagen). Sus hallazgos son reveladores: la ley no ha logrado su objetivo abolicionista de disminuir los niveles de prostitución, ya que no existen datos fiables que demuestren una disminución general del número de personas que venden sexo. Más aún, la ley ha resultado en mayores peligros en algunas formas de trabajo sexual, exacerbados por la falta de servicios de reducción de daños, que se consideran incompatibles con el abolicionismo sueco. La investigación también documenta desalojos de trabajadoras sexuales, problemas con autoridades de inmigración, custodia de menores y la policía [7].
En Canadá, tras la implementación de la Protection of Communities and Exploited Persons Act (PCEPA) en 2014 —una ley modelo "end demand"— múltiples estudios han documentado sus efectos nocivos:
Argento et al. (2020), en un estudio prospectivo de cohorte con ~900 trabajadoras sexuales cis y trans en Vancouver, encontraron que la PCEPA se correlacionó de manera independiente con una reducción significativa en el acceso a servicios de salud (OR ajustado 0.59; IC95%: 0.45–0.78) y a servicios liderados por la comunidad (OR ajustado 0.77; IC95%: 0.62–0.95). Entre las trabajadoras sexuales que experimentaron violencia física/sexual o trauma, no hubo diferencias significativas en el acceso a servicios de apoyo psicológico [8].
Machat et al. (2019) encontraron que el 26.4% de las trabajadoras sexuales reportaron cambios negativos en sus condiciones laborales post-PCEPA, incluyendo reducción en la capacidad de evaluar clientes y menor acceso a espacios de trabajo. Reportar cambios negativos se correlacionó con ser inmigrante (OR ajustado 2.79; IC95%: 1.59–4.92) y con violencia física reciente en el lugar de trabajo (OR ajustado 4.01; IC95%: 1.12–14.40) [9].
Crago et al. (2021), en un estudio de cinco ciudades canadienses, documentaron que el 31% de las trabajadoras sexuales no podían llamar al 911 en emergencias de seguridad por miedo a la detección policial. El acoso policial vinculado a perfiles sociales y raciales se asoció con mayores probabilidades de no poder llamar a emergencias (OR ajustado 5.225; IC95%: 2.199–12.417). De 115 trabajadoras que experimentaron violencia o confinamiento en el trabajo, solo el 16.52% reportaron el incidente a la policía [10].
3.2. Impacto en la prevención de la violencia
Krüsi et al. (2018) examinaron las estrategias de prevención de violencia de trabajadoras sexuales en interiores en Columbia Británica, Canadá, concluyendo que las estrategias de las trabajadoras para prevenir la violencia son creativas y efectivas en muchas circunstancias, pero están limitadas por la ausencia de regulaciones legales y de salud pública que rijan la salud y seguridad ocupacional, y por el estigma asociado al trabajo sexual. Las autoras abogan por revisiones legales que reconozcan el trabajo sexual como una forma de trabajo, no de victimización [11].
4. La evidencia internacional comparada: despenalización vs. modelo nórdico
4.1. Nueva Zelanda: el modelo de despenalización
Nueva Zelanda despenalizó el trabajo sexual mediante la Prostitution Reform Act (PRA) en 2003, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. La evidencia acumulada tras dos décadas muestra resultados positivos contrastantes con el modelo nórdico.
Abel (2014) reflexiona sobre una década de despenalización, documentando que la PRA ha sido exitosa en hacer la industria más segura y en mejorar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en todos los sectores de la industria. La ley proporciona protecciones que permiten salvaguardar los derechos humanos y la ciudadanía de las trabajadoras sexuales [12].
Armstrong (2020) expone cómo, a pesar de esta evidencia empírica, los neoabolicionistas persisten en describir el modelo neozelandés como un enfoque fallado, utilizando lo que denomina "narraciones estratégicas" (strategic storytelling) y distorsionando los hallazgos de investigación para sostener su posición ideológica, en lo que caracteriza como un fenómeno propio de la "era post-verdad" [13].
4.2. Revisión sistemática de resultados de salud
McCann, Crawford y Hallett (2021) realizaron una revisión sistemática de 95 artículos sobre resultados de salud de trabajadoras sexuales en países de ingresos altos con distintos entornos regulatorios. Sus hallazgos indican que las trabajadoras sexuales en países con legalización o despenalización demostraron mayores resultados de salud, incluyendo conciencia sobre condiciones de salud y factores de riesgo, en comparación con aquellos con modelos criminalizadores [14].
4.3. La posición de organismos internacionales
Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyan la despenalización del trabajo sexual para garantizar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Abel (2018), en una carta publicada en BMJ, señala que la investigación realizada para apoyar el modelo nórdico presenta historias solo de aquellas trabajadoras sexuales que tienen experiencias traumáticas, mientras que la mayoría de las trabajadoras sexuales entrevistadas durante 20 años afirman que eligieron el trabajo sexual porque se adaptaba a sus necesidades y que lo que quieren es que sus derechos humanos sean respetados [15].
5. Crítica feminista desde el Sur Global y perspectivas decoloniales
5.1. Abolicionismo en Argentina
Morcillo y Varela (2017) analizan expresiones del abolicionismo en Argentina, describiendo cómo ciertas vertientes del movimiento abolicionista local recurren a concepciones esencialistas y prácticas políticas que contribuyen a la segregación de las mujeres que se definen políticamente como "trabajadoras sexuales", tratándolas como "otras" del movimiento feminista [16].
5.2. Feminismo y prostitución en México
Lamas (2016), desde México, reflexiona sobre la contraposición entre las feministas que impulsan el nuevo abolicionismo y las que abogan por reconocer nuevas formas de organización del trabajo y derechos laborales para las personas que realizan trabajo sexual. La autora sitúa esta oposición como una expresión significativa de las "guerras en torno a la sexualidad" (Sex Wars), potenciadas por el giro punitivo de la política criminológica y judicial sobre el comercio sexual [17].
5.3. Mirada desde Brasil y el Sur Global
Stabile (2020) ofrece una crítica decolonial y transfeminista brasileña al discurso hegemónico occidental, particularmente del feminismo radical, sobre el trabajo sexual y la trata de personas/migración. La autora demuestra cómo estas regulaciones invisibilizan y, a veces, criminalizan a las personas trans y de género diverso* en contextos migratorios, y cómo los discursos internacionales anti-trata y anti-prostitución afectan la migración voluntaria de trabajadoras sexuales trans* y de género diverso del Sur Global [18].
Juliano (2005), desde una perspectiva crítica, analiza cómo confluyen prejuicios de base religiosa, étnicos y condicionamientos de clase en la estigmatización de las trabajadoras sexuales, señalando que el discurso estigmatizador es compartido por sectores políticos de derechas e izquierda, e incluso apoyado por algunos sectores feministas [19].
6. El neoabolicionismo como "cruzada moral"
Weitzer (2007) analiza la construcción social de la "trata sexual" y concluye que los reclamos centrales de la cruzada moral contra la prostitución/trata son problemáticos, no substantiados o demostrablemente falsos. Documenta cómo la ideología de la cruzada ha sido crecientemente endosada e institucionalizada en la política y práctica del gobierno de Estados Unidos, a pesar de la falta de evidencia que la respalde [20].
Zeegers y Althoff (2015) comparan los efectos de la legislación sueca (modelo nórdico) y la holandesa (legalización), concluyendo que no hay evidencia sólida de que el modelo nórdico sea superior para combatir la trata o para proteger la autodeterminación de las mujeres. La pregunta de si el modelo nórdico debe ser respaldado por todos los estados miembros de la UE no encuentra una respuesta afirmativa en la evidencia disponible [21].
7. Síntesis de los argumentos ProDerechos contra el neoabolicionismo
La literatura revisada permite sintetizar los siguientes argumentos clave desde la perspectiva ProDerechos:
Fracaso empírico: El modelo nórdico no ha demostrado reducir la prevalencia del trabajo sexual [7], mientras que sí ha producido daños documentados en salud, seguridad y acceso a servicios [8–10].
Aumento de peligros: La criminalización de clientes fuerza a las trabajadoras sexuales a condiciones más riesgosas, con menos tiempo para negociar y evaluar clientes [7,11].
Barreras al acceso a la justicia: El miedo a la persecución penal impide que las trabajadoras sexuales denuncien violencia o crímenes de los que son víctimas [10].
Estigma reforzado: El marco legal que define la prostitución como violencia contra las mujeres refuerza el estigma y la exclusión social [16,19].
Impacto desproporcionado en poblaciones vulnerables: Migrantes, personas trans*, indígenas y otros grupos marginados son los más afectados por estas políticas [9,18].
Inexistencia de un "modelo" coherente: No hay un modelo nórdico unificado, sino políticas diversas que emergen de contextos ideológicos distintos [4–6].
Base ideológica, no basada en evidencia: Las políticas neoabolicionistas se fundamentan más en una "cruzada moral" que en datos empíricos sólidos [13,20].
Alternativa exitosa: La despenalización (como en Nueva Zelanda) ha demostrado ser superior en términos de salud, seguridad y derechos humanos [12,14,15].
Referencias
Kingston, Sarah, and Terry Thomas. Op. cit.
Conclusión
La literatura académica desde una perspectiva ProDerechos ofrece una crítica sólida y multidimensional al neoabolicionismo, el modelo nórdico y el enfoque "end demand". Lejos de ser una posición meramente ideológica, esta crítica se sustenta en evidencia empírica rigurosa que documenta los daños concretos causados por estas políticas: mayor riesgo de violencia, menor acceso a servicios de salud, barreras a la justicia, estigmatización reforzada y efectos desproporcionados sobre poblaciones ya marginadas. Frente a ello, la evidencia apoya de manera consistente modelos de despenalización del trabajo sexual con enfoque de derechos laborales y salud pública, como el implementado en Nueva Zelanda, que han demostrado mejorar las condiciones de seguridad, salud y dignidad de las personas trabajadoras sexuales.
